Con independencia del mensaje al pueblo de Tucumán a través de sus representantes, cuyo contenido ha sido ya informado y analizado, el discurso del gobernador Osvaldo Jaldo durante la apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura expuso los primeros ingredientes con los que se cocinará el jaldismo. Claro está, algunos de estos componentes ya se venían insinuando en los 120 días que el mandatario provincial lleva en el cargo. Pero ahí, frente a los parlamentarios provinciales, fue explícito en la prescripción de la receta. O, cuanto menos, de una parte de ella.
El jaldismo será elaborado en su etapa inicial con un proceso de disciplinamiento del PJ tucumano, una profundización del alineamiento con la nación y un ensayo de transversalidad. Prácticamente en ese orden fueron presentadas estas cuestiones en el discurso del viernes pasado.
La masa
El anuncio de una reforma del régimen electoral es un anuncio positivo, a la vez que paradójico. Que el Gobierno propicie un cambio de esa desvergüenza nacional que es el sistema de “acoples” es, sin dudas, una buena noticia. Claro está, habrá que ver en qué se materializa, después. No hay que olvidar que en Tucumán, hasta la reforma constitucional de 2006, rigió la Ley de Lemas: la “solución” ofrecida fueron los “acoples”. Resultó que era tan malo el soneto como la enmienda. Ambos sistemas actuaron como licuadoras de la representación electoral. La representación legislativa de la Capital es un caso palmario: sólo uno de los “acoples” obtuvo más de 20.000 votos y obtuvo dos bancas. Los otros 16 escaños se repartieron entre colectoras que obtuvieron menos de aquella cifra. Léase: fueron consagrados con un número de sufragios que equivalen al 1% de la población muchos de quienes promueven leyes para 1,7 millón de tucumanos.
Con tal precedente, será el producto de la reforma electoral lo que diga si se logró una mejora en la calidad institucional, o no. Por cierto, resulta contradictorio a toda lógica que se vaya a encarar un cambio de régimen electoral cuando jamás se dictó, precisamente, la Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos que, según la Constitución vigente, debió sancionarse hace casi 18 años.
En contraste, lo que ya se vislumbra es que la eliminación de los “acoples” (mediante otra enmienda constitucional), o la limitación del número de colectoras que puede proponer un partido político (lo cual, como se avisó aquí reiteradamente, pudo proponerse mediante una ley hace más de una década), será un cimbronazo para el peronismo tucumano. Hoy, los “acoples” tienen canilla libre. De modo que cada quien depende de su trabajo territorial, y de los recursos con que cuente, para lograr una banca. Eso y una pizca de suerte: con más de un centenar de partidos provinciales compitiendo en cada una de las secciones electorales, y con el carnaval de boletas que se despliega en cada cuarto oscuro, la elección también tiene un alto componente de azar. De Lotería de Babilonia…
Con la puerta abierta para salir a jugar, poco importó el año pasado si los candidatos a legisladores eran afines al candidato a gobernador, o si eran antagonistas. Si el régimen electoral cambia, ese margen de discrecionalidad también se alterará. Dicho en términos institucionales, sin colectoras (o con un número muy reducido de ellas), los partidos políticos troncales recobrarán el efectivo monopolio del acceso a la representación popular. Y la conducción de las agrupaciones, en los hechos, tendrá el monopolio del acceso a las candidaturas. Precisamente, ya se había avisado aquí el 29 de enero (ver “El PJ tucumano ingresa en el laberinto del incordio”) que Jaldo miraba de frente la Casa de Gobierno y de reojo al Partido Justicialista.
Con la reforma electoral lanzada, el hecho de que el actual gobernador no sea el titular del PJ (lo preside, justamente, el anterior gobernador: Juan Manzur) adquiere una incomodidad manifiesta. Por caso, la carta orgánica del radicalismo, partido que ha hecho de la horizontalidad su arquitectura, determina en su artículo 22 que “cuando un afiliado de la UCR ejerza la Presidencia Constitucional de la Nación como consecuencia del triunfo de su candidatura partidaria como Presidente, será a partir de entonces, y durante el desempeño de su mandato, Presidente Nato del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical”. Ni hablar del verticalísimo PJ tucumano.
Esta coyuntura tampoco es ajena respecto del titular de la Legislatura. Si se reedita el esquema de que el gobernador y el vicegobernador sean el presidente y el vicepresidente del PJ, ello también empoderará a Miguel Acevedo, y a sus aliados, cuando llegue la hora del armado de las listas.
El relleno
Una reforma electoral para Tucumán, huelga decirlo, no sólo demanda cambiar el mecanismo de candidaturas sino también, y en grado indispensable, un nuevo instrumento de votación. Las papeletas volantes con las que se vota actualmente (al igual que en el siglo XIX) son una cantera de maniobras fraudulentas, en extremo conocidas (y sufridas) por los tucumanos. Su impresión implica, además, un gasto político exacerbado, lo cual cobra particular relevancia en los tiempos del gobierno nacional libertario y su dogma de fe económico: “no hay plata”.
Justamente, el jaldismo postula una reforma electoral antes de que lo reclame la Nación. Del mismo modo en que recalca que hizo un ajuste antes de que Javier Milei se hiciera cargo de la Casa Rosada en diciembre. Jaldo se preocupó por resaltar que, apenas ocupó la gobernación en octubre, pidió a la Legislatura la devolución del proyecto de Presupuesto 2024 que su predecesor había remitido antes de que concluyera su mandato. A ese plan de gastos, subrayó, lo redujo en $ 230.000 millones.
En idéntica línea se inscriben otras dos propuestas. La primera es la de reducir el empleo público, que tiene como precedente la eliminación, en noviembre, de la “Unidad de Reconversión Laboral”, que llegó a tener 10.000 beneficiarios. La segundo es la de impulsar una Ley de Acceso a la Información, a la cual se opuso el alperovichismo y que, luego, el manzurismo prometió en vano. Tucumán es hoy una de las pocas provincias que no cuenta con esta herramienta indispensable para la república (el país formó en 1810 el primer gobierno criollo y no colonial al grito de “El pueblo quiere saber de qué se trata”), sino también para la democracia. La democracia es, en la canónica concepción de Giovanni Sartori, un gobierno consensuado. ¿Qué consensua la democracia? Las voces de la opinión pública, que no es opinión erudita, sino opinión informada. El acceso a la información pública busca a la democracia como el agua busca a la sed.
Estas promesas configuran el anuncio de que el encolumnamiento con la Nación, que se materializó con la eyección de tres diputados nacionales de la bancada de Unión por la Patria para conformar el bloque Independencia, se ahondará. ¿Por qué?
Las razones de esta sintonía tienden a explicarse desde lo económico y financiero, pero las ventajas obtenidas no son superlativas. A favor hay que contar que Tucumán consiguió una refinanciación de su deuda con la Nación, a diferencia Chubut, a la cual le retuvieron un tercio de su coparticipación en febrero (unos $ 13.500 millones), lo cual desató un conflicto sin precedentes, en el que las provincias patagónicas amenazaron con suspender la producción de petróleo. A esa crisis, por cierto, no la solucionó la política sino la Justicia, mediante una cautelar que ordenó a la Nación suspender la quita de recursos al distrito gobernado por Ignacio Torres. En contraposición, también Chaco logró una refinanciación de su pasivo. Y Tucumán, por cierto, ya empezó a pagar, desde el mes pasado, unos $ 5.000 millones. A lo que suma que ha perdido, al igual que el resto de las provincias, el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y el Fondo de Incentivo Docente.
Este contexto sirve para dimensionar que no sólo los recursos nacionales explican el alineamiento de Jaldo con Milei. También hay razones políticas. Y de índole estrictamente provincial.
Los bordes
Si el Gobierno tucumano inaugura el año parlamentario pidiendo reforma electoral, achique del Estado y Ley de Acceso a la Información Pública, entonces el jaldismo está fundando el justicialismo libertario. Lo cual equivale a desconcertar a la oposición provincial. Básicamente, porque, por el momento, la deja sin discurso. Dicho de otro modo, ¿las políticas que impulsa el Gobierno provincial son las mismas que las del Gobierno nacional? Luego, ¿apoyar a uno es apoyar al otro?
Claro está, el jaldismo no está buscando despistar a sus adversarios. Honestamente, buena parte de ellos se desorientan por sí solos. En todo caso, lo que está buscando el oficialismo es ampliar su base de sustentación política. En otros términos, una apuesta por una transversalidad, que incorpore a sectores que hoy son ajenos al proyecto gubernamental. En términos de cafetín política, agrandar la pecera en la que pesca el Gobierno.
El Gobierno provincial busca que su programa logre una mimetización con el Gobierno nacional no porque eso vaya a eliminar las “fronteras” (ideológicas, históricas, institucionales…) que separan a uno del otro. En todo caso, lo que va a lograr esa identificación es que esas fronteras se tornen porosas. Si el jaldismo respalda al Gobierno libertario, tan minoritario en el Congreso y tan enfrentado con el resto de los gobernadores, entonces cruzar desde la oposición al jaldismo no va a necesitar de una visa. Ni siquiera de que le estampen un sello al pasaporte político que dice de qué distrito ideológico viene cada quien.
Eso sí: la fortaleza de una cadena es, exactamente, la del más débil de los eslabones. El proyecto de hegemonía jaldista presenta un elemento de enorme volatilidad: al oficialismo tucumano, en este esquema, no le será ajena la suerte del oficialismo nacional. Tanto en los dividendos políticos como en las pérdidas. Por supuesto, esto aplica sobre todo a la oposición del jaldismo. Lo cual deriva en una conclusión lógica: la contingencia del jaldismo, eventualmente, no estará fuera del peronismo.